En la etapa de la extraordinaria cognitio la impugnación de la nulidad de la sentencia se hacía a través de la restitutio in integrum3 y posterior- . El juzgado de lo Social 33 de Madrid declaró en junio de 2016 la nulidad del . Previamente analiza los múltiples problemas que se . [3] GARCIMARTÍN MONTERO, R. El incidente de nulidad de actuaciones en el proceso civil. 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.»[27]. La nulidad de actuaciones, cit., p. 179, 181 y 183. cit., p. 3. Estimada Dª Esther: No lo vemos. La implantación del incidente de nulidad tras sentencia definitiva o resolución que ponga fin al proceso (mediante la Ley Orgánica 5/1997, de 4 de diciembre) respondió a la necesidad de paliar la falta de tutela judicial efectiva para cuando el vicio procesal surgiera directamente de la resolución irrecurrible, o para cuando la parte afectada no hubiera podido denunciarlo con anterioridad a ella, señalando expresamente la reforma introducida en la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley Orgánica 13/1999, de 14 de mayo) el carácter excepcional de este procedimiento. 241 LOPJ, tal y como está diseñado, corrige la insuficiencia del desarrollo legislativo del art. Y ahora la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 153/2012, de 16 de Julio abre mas aún la puerta de la nulidad de actuaciones. Sentencia firme. El tema de las nulidades procesales ha cobrado actualidad a partir del establecimiento de mecanismos que permiten la denuncia de la nulidad incluso una vez que ya se haya emitido sentencia firme. Finalmente dice que la sentencia es firme. La Ley, Año XIX, núm. La aparente reducción de los motivos de nulidad. 240.2 LOPJ) y vedada su posibilidad tras la sentencia firme, excepto en dos de los posibles vicios insubsanables o de nulidad radical: la violencia o la intimidación (art. Es ésta una solución probablemente avalada por una constatación experimental concluyente en torno a que la extroversión de los vicios será naturalmente patente a tenor de lo actuado en el proceso, y muy excepcional la necesidad de aportar datos hasta ese momento extravagantes en relación a lo actuado. 1. Fue la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, que volviendo a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial también en esta materia, hizo coincidir el régimen de la nulidad en ambos textos (LOPJ y LEC), pese a que entonces les faltara vigor a las disposiciones de la LEC (según su ya mencionada Disposición Final 17ª). cit., p. 3. Por ello puede afirmarse que el incidente de nulidad post sententiam (tras la resolución que ponga fin al proceso) constituye el vértice excepcional dentro del actual sistema de nulidad de los actos procesales, marcando el punto de máxima tensión entre el entusiástico propósito de justicia y la más o menos habilidosa preservación de una irrenunciable seguridad jurídica, aparte de atender ―a partir de su enésima modificación― a otras finalidades ahora relacionadas con una protección más amplia del núcleo duro de los derechos fundamentales. Lo cierto es que, como se ha ido desgranando a lo largo de las líneas que anteceden, la actual configuración de este incidente es producto de una larga cadena de correcciones en su estructura, a fin de alcanzar un equilibrio más depurado y estable entre aquellos dos objetivos institucionales de diversa naturaleza (justicia y seguridad jurídica), oscilando para ello las diversas proporciones que han ido siendo sucesivamente asignadas a la cosa juzgada y la nulidad; y aunque el método observado para llegar a consolidar una situación más o menos equilibrada pueda parecer exclusivamente fruto de una insuficiente meditación legislativa, lo cierto es que la sutilidad del equilibrio y el reducido margen de maniobra para ajustarlo han requerido de reiteradas correcciones ―a veces mínimas― y en ocasiones incluso eminentemente pedagógicas o destinadas a subrayar algunas características naturales (y obvias conforme a su configuración) pero necesitadas de énfasis para mitigar la acusada inclinación al abuso, peligroso para su pervivencia institucional; no en vano algunos sistemas procesales supeditan sus cambios a una entrada en vigor provisional, precisamente por la dificultad para calibrar con suficiente exactitud sus consecuencias, de manera que las sucesivas enmiendas no resultan extrañas a la delicadeza exigida por los ajustes, que en este caso han tenido que ser múltiples hasta perfilar un mecanismo que ha limado muchas de sus anteriores asperezas como instrumento de control de la regularidad procesal, y que ahora incluye ―además― el control de la regularidad material (y no sólo procesal) pero sin abandonar una estructura especialmente diseñada para el quebrantamiento de forma como objetivo original, lo que puede generar algunos inconvenientes adicionales, cuya detección apunta a la importancia de los trámites relacionados con la admisión o repulsa del incidente: A) En primer lugar, los trámites siguen respondiendo a aquella tradicional línea restrictiva, encaminada a aminorar las dificultades derivadas de un frecuente abuso instrumental, siendo clave en este sentido el trámite de admisión o repulsa, ligado al carácter excepcional de este incidente y ello explica que, abarcando ahora su objeto el ámbito del derecho material, se haya cuestionado en alguna medida el carácter restrictivo de su admisión: «Esta situación (su ámbito de aplicación restrictivo), sin embargo, no debe conducir a exigir, sin matices, un tratamiento excepcional del incidente de nulidad de actuaciones, que requiere ser interpretado conforme a los postulados del TC, según los cuales, será preciso interpretar las normas procesales que integren alguna vía rescisoria de sentencias firmes en el sentido más favorable para permitir la tutela en fase jurisdiccional de los derechos fundamentales».[45]. Qué es un Decreto - Código de Procedimiento Civil, 1908. Al comportar, la revisión de sentencias firmes, una superación en casos muy concretos de los efectos de cosa juzgada, están perfectamente delimitadas las resoluciones que pueden ser revisadas y sobre la base de qué motivos.Sentencia nº 203/2010 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 5 de Abril de 2010 [j 1] y Sentencia nº 715/1999 de TS, Sala . [24] «[…] no cabe admitir que un posterior juicio declarativo sea cauce adecuado para obtener, ni la subsanación de tales defectos (procesales), ni la nulidad de las resoluciones judiciales que, conforme al precepto procesal citado (art. Tribunales de Justicia, núm. 241 LOPJ». [15] GARNICA MARTÍN, J. F., op. 241.2, párrafo segundo, LOPJ / art. 4.498 (12 de marzo de 1998), p. 2. . Pese a la falta de vigor inicial de las disposiciones contenidas en la LEC sobre nulidad de actuaciones, se ha incidido finalmente acompasando el régimen del incidente de nulidad para las sentencias firmes a lo previsto en la reforma de la LOPJ en el año 2007, aparte de modificar el catálogo de los motivos de nulidad. 241.2 LOPJ / art. En consecuencia, su anterior configuración, reducida al quebrantamiento de formas efectivamente lesivo del derecho a la defensa («nulidad de actuaciones basada en defectos de forma que hayan causado indefensión») y a la incongruencia del fallo, se ensancha ahora autorizando la declaración de nulidad por «cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución» (art. La Ley, Año XV, núm. [47] STC 28/1993, de 25 de enero. cit. 228.2 LEC); – y produce efecto exclusivamente rescisorio (art. El punto de inflexión actual: predominio del control mediante los recursos, mantenimiento de un incidente de nulidad comprimido y oscura referencia a los demás medios. ¿En este caso se puede presentar escrito de nulidad de actuaciones tras resolución judicial firme? Cuando mediante la Ley 34/1984, ulteriormente confirmada por la LOPJ en su primigenia redacción de 1985, se avanzó en la residualización del incidente de nulidad, quedó éste exclusivamente autorizado para «antes de que hubiere recaído sentencia definitiva» (art. 129 a 143. 24 de la Constitución Española (CE) del derecho a obtener una tutela judicial que sea efectiva, sino también con carácter reforzado respecto al núcleo duro de los derechos fundamentales previstos en el art. El incidente excepcional de nulidad para las sentencias firmes es fruto de un largo y delicado ajuste institucional en pos de una proporción más adecuada entre la justicia como valor y la seguridad jurídica como principio. Pese a que la redacción del art. Cabría en este punto preguntarse[32] si la posibilidad de declarar la nulidad por vulneración de cualesquiera derechos fundamentales del art. Ello plantea el problema de qué ocurre si la acción de rescisión se interpone antes. LP transmitirá una clase en vivo sobre la nulidad manifiesta y el proceso de desalojo, a propósito de los seis años de la sentencia del IX Pleno Casatorio Civil.La clase estará a cargo del profesor exclusivo de LP Fort Ninamancco Córdova.. Asimismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que nuestro Diplomado Código Procesal . 242 LOPJ y art. La paradójica y oscilante evolución del sistema, III. La Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. disolvi el vnculo matrimonial de fecha doce de diciembre del dos mil nueve. La correlativa eliminación del procedimiento incidental de nulidad. Muchas gracias. Y según señala la Exposición de Motivos de la reforma introducida mediante la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, se trata ahora de otorgar «a los tribunales ordinarios más posibilidades para revisar las violaciones de derechos fundamentales a través de una nueva regulación de la nulidad de los actos procesales ex artículo 241.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial», y lograr «que la tutela y defensa de los derechos fundamentales por parte del Tribunal Constitucional sea realmente subsidiaria de una adecuada protección prestada por los órganos de la jurisdicción ordinaria». cit. Curiosamente nuestro Derecho careció hasta bien tarde de cauce específicamente regulado para obtener la nulidad de las actuaciones distintas de una resolución, si bien los artículos de previo y especial pronunciamiento «con fundamento en instituciones de Las Partidas y de la Novísima Recopilación […] existían en la práctica y en el fondo de las leyes procesales (sustanciándose) a menudo por los trámites del proceso ordinario en que surgían, lo cual dilataba aún más los juicios»,[16] lo que explica el surgimiento de una común opinión contraria a la permisividad de los incidentes a modo de «apéndices procedimentales», nunca del todo exenta de fundados recelos por facilitar una propensión al abuso ya percibida desde antiguo como altamente desfavorable, de la que son muestra el Reglamento Provisional para la Administración de Justicia (1835), la Instrucción del Marqués de Gerona (1853), y la propia LEC de 1855. La propia Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, enfatiza que es momento de «dar respuesta legislativa […] a una serie de situaciones y circunstancias en la realidad práctica que con el transcurso del tiempo han llegado a convertirse en problemas para el mejor resultado del trabajo del Tribunal», añadiendo que entre ellas «destaca […] el crecimiento del número de recursos de amparo hasta el punto de ocupar casi todo el tiempo y los medios materiales y personales del Tribunal». Por otro lado, la cosa juzgada se refiere a aquellas sentencias que frente a las . Y la inveterada reacción contraria a la permisión de los incidentes (reflejada en la paulatina aminoración de su presencia, incluso en materia de control de la regularidad procesal), alcanzó su punto de inflexión cuando la LOPJ introdujo este cambio sustancial y cualitativo, fruto de un proceso restrictivo que fue culminado llevándolo a sus últimas consecuencias con la prohibición del incidente de nulidad tras la resolución que ponga fin al proceso, eliminando así uno de los medios de control de la regularidad procesal históricamente consagrado, aunque deficiente. El incidente excepcional de nulidad para las sentencias firmes es fruto de un largo y delicado ajuste institucional en pos de una proporción más adecuada entre la justicia como valor y la seguridad jurídica como principio. La introducción formal del incidente de nulidad previo a la sentencia (en la LEC de 1881) dio lugar a que, como se ha adelantado, fuese utilizado indebidamente también para obtener la nulidad tras la sentencia, hasta su prohibición taxativa por la Ley 34/1984 que reformó la LEC y su ulterior interpretación por el Tribunal Constitucional. Pero tomando en consideración el momento en que se autoriza su planteamiento, una vez finalizado el proceso, se oscurecían ambas posibilidades, pues, de una parte, resultaba difícil justificar su consideración como recurso de nulidad cuando dicho trámite se autoriza precisa y exactamente sólo en ausencia de cualquier recurso posible (ordinario ni extraordinario) y, por otra, era igualmente difícil concebirlo como incidente, es decir como proceso dentro de un proceso, dado que este último ya habría finalizado; por lo que en consecuencia llegó a entenderse como un medio de impugnación autónomo («Esta es la opinión sostenida por la doctrina procesal de forma prácticamente unánime»),[33] mediante el que ejercitar una pretensión que antes de la última reforma sólo podía tener naturaleza exclusivamente procesal; aunque su efecto puramente rescisorio (art. El Pleno recibió 173 asuntos: 21 recursos de inconstitucionalidad, 137 cuestiones de inconstitucionalidad, 14 conflictos positivos de competencia y un conflicto en defensa de la autonomía local.»[29]. Consecuencia eminente fue, de inmediato, que el recurso de amparo quedo abocado a la subsanación de defectos procesales causantes de indefensión que no cabía remediar de otra manera, desenvolviendo el Tribunal Constitucional una actividad impropia ―y sustraída al terreno natural de la jurisdicción― de forma consciente en tanto la propia STC 185/1990, de 15 de noviembre, alertaba de la insuficiencia del sistema: «el sistema procesal no ha sido actualizado en la medida suficiente para permitir el despliegue de todas las consecuencias derivadas del derecho a la tutela judicial efectiva». Se requiere que la sentencia fuere firme. b).-. [19] «Esa regla, en tantos sentidos valiosa, porque va dirigida a potenciar la eficacia del proceso, también aporta un importante problema: qué hacer ante determinadas situaciones en las que, no existiendo un concreto instrumento para impugnar la sentencia, en cambio no hay duda de que la misma está afectada por un vicio importante, por una causa de nulidad insubsanable.» GARNICA MARTÍN, J. F., op. «Subsanación de defectos procesales y conservación de los actos del proceso», en La nulidad de actuaciones en el proceso civil. cit., p. 56. 45-1), en el que se pretendía añadir al art. a) La nulidad absoluta de la sentencia dictada en el expediente nmero 317/2014, relativo al divorcio voluntario, de fecha veintisis de marzo del ao 2014, y por el cual se. RECURSO DE NULIDAD Nº 1312-2018 SAN MARTÍN . [20] GARCIMARTÍN MONTERO, R., op. 53.2 CE. [12] GARNICA MARTÍN, J. F. «Nulidad procesal sin recurso: nuevas reflexiones sobre un problema crítico de nuestro proceso». . Mira el archivo gratuito El-juicio-de-nulidad-y-la-necesidad-del-pago-de-gastos-y-costas-en-dichos-juicios enviado al curso de Ciências Sociais Categoría: Resumen - 8 - 113622112 Logo Studenta Iniciar sesión Sentencia nº 126 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-10-2021. 241.2 LOPJ / art. La virtualidad del incidente de nulidad pendiente el proceso se ha venido justificando dogmáticamente por la inidoneidad ocasional de los recursos para controlar defectos no siempre reflejados en la resolución que es producto de la actividad deficitaria, más la consecuente necesidad de un trámite probatorio para evidenciarlos, que con facilidad natural puede proporcionar el incidente de nulidad como procedimiento que, dentro del proceso, se dirige exclusivamente a tal objetivo; mientras que la capacidad para producir prueba ha sido considerada insuficiente o nula al sustanciar los recursos, aunque se tratara de los ordinarios (sin motivos tasados ni limitación en el conocimiento por parte del órgano ad quem), e incluso mediante una apelación limitada en sus posibilidades probatorias a la prueba nueva (nova reperta), sin olvidar las resoluciones dictadas en ausencia involuntaria de alguna de las partes. [18] LOURIDO RICO, A. M.ª, op. Prohibido el incidente de nulidad después de recaída sentencia definitiva o resolución que ponga fin al proceso, la ausencia de un instrumento autónomo (independiente de los recursos) apto para subsanar los defectos procesales derivados tanto de la sentencia o resolución firme que ponga fin al proceso, como de los derivados de la actividad procesal previa cuando no hubieran sido susceptibles de denuncia anterior (especialmente la actuación procesal producida en ausencia involuntaria de alguna de las partes con infracción del principio de audiencia bilateral, audiatur et altera pars), evidenció de inmediato una insuficiencia grave del sistema, generando un aluvión de recursos hacia el Tribunal Constitucional en demanda de amparo. La LO 6/2007 modifica el artículo 241 LOPJ en la disposición adicional primera ampliando el objeto del incidente de nulidad de actuaciones después de sentencia firme permitiendo que se alegue «la vulneración de un derecho fundamental de los descritos en el artículo 53.2 de la Constitución, siempre que no hayan podido denunciarse antes de . 98, 1998, p. 3 a 7). 228 LEC), que se deriva claramente de los antecedentes históricos y legislativos de la institución, según queda precedentemente expuesto, y que es inherente a su carácter residual (en relación con el sistema de preponderancia de los recursos) y restrictivo (tanto en su admisión como en sus efectos) porque: – procede sólo subsidiariamente o en defecto de recurso: «siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario» (art. [43] DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I. La nulidad de actuaciones, cit., p. 187 a 198. CUESTIONES GENERALES. 20 a 29. 241.2 LOPJ / art. [21] GARCIMARTÍN MONTERO, R., op. 24 de la Constitución) sólo puede conseguirse en ciertos casos mediante largos, además de costosos, trámites procesales, en los que el recurso al Tribunal Constitucional se convierte en obligado»,[28] lo cierto es que transcurrida una década desde aquella implantación era exigible una nueva reforma relacionada ahora directa e indisimuladamente con la sobrecarga del Tribunal Constitucional a consecuencia del recurso de amparo, irrefrenable pese a la existencia del incidente. Ello cobra especial relevancia en relación con la garantía de los derechos y libertades, asignada al Juez no sólo en su relación específica con el proceso por consagración en el art. Sentencia Firme: concepto, regulación y ejecución Actualizado 2022. [41] GUI MORI, T. «La modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Una vez dictada sentencia firme, el ordenamiento jurídico hace prevalecer la seguridad jurídica sobre la justicia: se asume la firmeza de la sentencia, aunque su resultado pueda ser injusto. La fórmula de «absorción de la validez en la impugnación» y el consecuente predominio del recurso sobre el incidente de nulidad en materia de control de la regularidad procesal: a) facilitó inicialmente acelerar el examen conjunto por vicios de la resolución (tanto in iudicando como in procedendo), en convivencia con el incidente de nulidad especialmente apto para combatir los vicios de la actividad; b) por expansión de aquella fórmula, también el control de la actividad procesal quedó finalmente supeditado a la interposición de los recursos; c) ello supuso retrasar el control de los actos procesales previos a la resolución hasta que recayese una que fuese recurrible, pero ganando en celeridad al aminorar entorpecimientos y dilación (evitando el efecto suspensivo del incidente y su incontrolado abuso); d) asimismo obligó a supeditar el control a la iniciativa de las partes (que hayan podido, y en tal caso querido, interponer el correspondiente recurso), no sin dejar de generar por ello algunos inconvenientes cuando el derecho material aplicable es indisponible por las partes; e) consecuentemente el acento del sistema quedó residenciado en los motivos de anulabilidad (a instancia de parte) frente a los de inexistencia o nulidad radical; f) cobró mayor protagonismo el instrumento, el cauce, el procedimiento o el trámite de control, quedando éste supeditado a la iniciativa de las partes (que hayan podido, y en este caso querido, interponer el correspondiente recurso), con lo que el acento del sistema se acabó colocando sobre los motivos de anulabilidad; g) correlativamente habían perdido trascendencia los motivos, o la clase de vicio procesal, y correlativamente cedieron los motivos de nulidad radical o absoluta; h) se comunicó eficacia al sistema, propiciando que la declaración judicial del Derecho resultase inamovible y cierta a partir de un momento determinado (cuando se agoten los recursos contra la resolución que ponga fin al proceso). [25] GARNICA MARTÍN, J. F., op. La Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 13/1999, a menos de dos años desde la implantación del nuevo incidente de nulidad post sententiam, se mostró mucho menos exuberante que su precedente para explicar la necesidad de esta inmediata reforma, cuya labilidad técnica fue enmascarada bajo la simple enunciación de un propósito: «perfeccionar la regulación del incidente de nulidad de actuaciones». La Ley, Año XXVIII, núm. Granada: Comares, 2002. pp. El perfil del incidente de nulidad tras sentencia definitiva o resolución que ponga fin al proceso. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 1993, pp. [49] BACHMAIER WINTER, L., op. 10 Ahora bien, al referirnos -en particular- a la interposición del incidente de nulidad contra una sentencia firme, cabe preguntarnos si existe un límite temporal para plantearlo. 24 CE ya habrá sido objeto del litigio, de manera que dicha infracción ya habrá podido ser denunciada antes de dictarse la sentencia o resolución firme»,[49] y aun elastificando (al máximo y siempre con exquisita prudencia) la admisión a trámite de este instrumento excepcional, la posible decisión reparadora quedará sujeta a una segunda opinión emitida por el mismo órgano que ya resolvió sobre tal extremo, lo que no favorece la soltura del instrumento como medio para obtener el amparo ordinario, aunque cabe recordar que la protección de los derechos fundamentales viene encomendada a los órganos jurisdiccionales de modo permanente en todas sus actuaciones, de las que este instrumento quiere ser una pieza final de carácter excepcional para corregir posibles desviaciones in extremis. La nulidad de actuaciones: una perspectiva procesal, cit., p. XXI. 9. Frente a la acuciante necesidad de dar respuesta cabal frente a la indefensión en que sumía aquella imposibilidad de purgar los vicios de la resolución final del proceso, o de aquellos otros frente a los que no pudo reaccionar a tiempo la parte, el propio Tribunal Constitucional osciló a fin de proporcionar una solución: «En efecto, la problemática de la nulidad sin recurso se ha convertido en un auténtico “forúnculo” de la interpretación constitucional, uno de esos pequeños problemas que a fuerza de ser reiterados terminan haciéndose grandes».[25]. cit. El cauce, es decir, los trámites mediante los que administrar los motivos de nulidad parecen ir reduciéndose a fin de que el proceso alcance y consolide su resultado definitivo (cosa juzgada) con las mínimas interferencias e impedimentos, merced a una sistematización reductiva de los momentos aptos para verificar dicho control, más una simplificación creciente de los trámites con que sustanciarlo. Parece poco dudoso que el incidente de nulidad tras resolución que ponga fin al proceso procede sólo por motivos determinados, y en consecuencia su ámbito es limitado, pese a la ampliación proporcionada por la última reforma. 228.1 LEC); – la mera posibilidad de denuncia anterior bloquea su admisibilidad: «siempre que no hubiera podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso» (art. Estos trámites o procedimientos, tradicionalmente diseñados para examinar y decidir acerca de la regularidad procesal, se han venido soportando históricamente sobre dos pilares fundamentales, aunque nunca exclusivos, ligados por una correlación oscilante: la expansión del principio de absorción de la validez en la impugnación y la contracción del procedimiento incidental de nulidad. [28] Según expuso el Gobierno en las discusiones parlamentarias (Vid. Para ello abandonó la referencia tajante a la inadmisibilidad del incidente de nulidad de actuaciones, matizando que el mismo era inadmisible sólo «con carácter general», porque «excepcionalmente» cabía admitirlo en favor no sólo de quienes sean parte legítima, sino también ahora en beneficio de quienes «hubieran podido serlo» consonantemente con el objetivo de permitir la depuración del vicio no solamente en ausencia de recurso, sino también ante la imposibilidad de su denuncia a instancia de parte con anterioridad a la firmeza de la resolución que ponga fin al proceso; dejando finalmente aclarada la irrecurribilidad de la decisión resultante de este incidente. Tribunales Constitucionales Europeos y Derechos Fundamentales, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1984, p. 183. [45] DOIG DÍAZ, Y., op. del incidente, sólo de la existencia del proceso y del sentido de la sentencia. 228.1 LEC), porque «Los tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas» (art. 742 consignado en la Ley 34/1984 pudo abonar la opinión de que sólo se declaraba la inadmisibilidad del incidente de nulidad «de resoluciones judiciales», posteriormente, la LOPJ zanjó definitivamente la polémica al establecer en su art.

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