No obstante, el Tribunal Constitucional le ha otorgado carácter iusfundamental al sostener que forma parte del derecho fundamental a un procedimiento racional y justo123. Supone “que los jueces no deben tener ideas preconcebidas en cuanto al asunto de que entienden y que no deben actuar de manera que promuevan los intereses de una de las partes”42. 142Contraloría General de la República, dictamen Nº 37.728, de 29 de mayo de 2014. Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=3272 27Esta denominación deriva del artículo 19, número 3, inciso quinto, de la Constitución chilena (1980). Es efectivo que respetan los derechos fundamentales a un juzgador establecido por ley, con anterioridad a los hechos que ha de enjuiciar y legalmente competente. Jurisprudencia constitucional chilena, Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la parte que indica del artículo 768, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil, en el marco de los recursos de casación en la forma y en el fondo rol Nº 12874-2015 de la Corte Suprema (2016): Tribunal Constitucional de Chile, de 21 de julio de 2016 (requerimiento de inaplicabilidad, rol 2898-2016). Como es lógico, la descripción legal deberá concordar con el hecho que se atribuye al servidor. 43. Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrative, o de la norma que lo adicione o modifique. 4.2. Aunque el artículo en mención establece que solo constituyen conductas sancionables las infracciones previstas en normas con rango de ley, admite que la tipificación pueda hacerse también por medio de reglamentos, pero claro, siempre que la ley habilite tal posibilidad. 119Artículo 130, inciso primero, de la Ley Nº 18.834, de 1989. Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/ver.php?id=2766 257-274, pues incluyen en el debido proceso el derecho a la revisión judicial por un tribunal superior, y excluyen los derechos a ser enjuiciado sin dilaciones indebidas y a la publicidad de los actos jurisdiccionales, los que ubican en el derecho a la tutela judicial. [ Links ], Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (1950). Por el cual se aprueba la estructura del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras y se determinan las funciones de sus dependencias. Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=3068 Al respecto ver, por ejemplo, Corte Interamericana, caso Almonacid Arellano y otros contra Chile, sentencia de 26 de septiembre de 2006, párrafo 123. La publicidad del proceso es un derecho fundamental expresamente reconocido en la Declaración Universal107, en el Pacto108 y en la Convención Americana109. (ii) Que, las normas que prevean faltas, si bien no tengan una precisión absoluta, describan con suficiente grado de certeza la conducta sancionable. 20Al respecto el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2007) en su Observación General Nº 32, párrafo 17, ha sostenido que “no se consideran derechos u obligaciones de carácter civil cuando las personas son sometidas a medidas adoptadas en su contra en cuanto personas subordinadas a un nivel alto de control administrativo, como en el caso de las medidas disciplinarias que no equivalen a sanciones penales tomadas contra un funcionario público”. De esta manera, y con el objeto de dar cumplimiento al principio de contradictoriedad en el marco del procedimiento administrativo, el inculpado tiene derecho a presenciar, asistido por su abogado, las declaraciones de testigos verificadas en el término probatorio del proceso”. Esto significa, a lo menos, que la legislación nacional debe ser interpretada y aplicada de conformidad con las normas de la Convención Americana y con la interpretación que la Corte Interamericana ha hecho de las mismas. 106Es efectivo que el Tribunal Constitucional, rol 783-2007, sentencia de 31 de agosto de 2007, considerando décimo noveno, ha sostenido que el plazo de cinco días para presentar descargos y ofrecer prueba no es contrario al debido proceso. Ese conjunto de derechos de incidencia orgánica y procedimental constituyen las exigencias de lo que genéricamente se denomina proceso equitativo en el Convenio Europeo3, proceso con todas las garantías en la Constitución española4, debido proceso legal en la Constitución de Estados Unidos de América5, proceso justo en la tradición constitucional alemana6 y proceso racional y justo en la Constitución chilena7. . Lo expresado permite afirmar que los procedimientos administrativos disciplinarios no responden al modelo acusatorio73, sino que se asemejan al procedimiento inquisitivo74. A continuación se revisa cada uno de estos derechos, en una doble dimensión. En cuanto órgano encargado de investigar y de acusar a partir de los resultados de la instrucción, en algún grado le son aplicables las críticas dirigidas al juez del sistema inquisitivo y que fueron profusamente analizadas en la época en que se debatía la implementación de la actual justicia penal oral81. Con todo, la jurisprudencia ha declarado inconstitucional la sanción aplicada en el contexto de un procedimiento disciplinario si el jefe superior del servicio que la dictó no es imparcial51. El juez sumariante adquiere la convicción de la culpabilidad del reo tan pronto como encuentra indicios suficientes en los datos que recoge. [ Links ], Requerimiento de inaplicabilidad presentado por María Isabel Reyes Kokish, respecto del inciso tercero del artículo 551; inciso segundo del artículo 539; inciso segundo del artículo 541; inciso segundo del artículo 539 (sic); artículos 536, 537 y 542; número 4° del artículo 544; artículos 557 y 558; todos del Código Orgánico de Tribunales, en la causa Antecedentes del pleno rol Nº 1920-2006 ad, seguida ante el ministro en visita don Juan Escobar Zepeda (2007): Tribunal Constitucional, 31 de agosto de 2007 (requerimiento de inaplicabilidad, rol Nº 747-2007). El derecho fundamental a la igualdad procesal garantiza, en palabras del Comité de Derechos Humanos, “los principios de igualdad de acceso e igualdad de medios procesales, y asegura que las partes en los procedimientos en cuestión sean tratadas sin discriminación alguna”58. El funcionario inculpado, por su parte, y es esto lo que repugna al principio de igualdad procesal de las partes, se encuentra claramente en desventaja. [Visitado el: 29 de junio de 2016]. This research makes evident that disciplinary administrative procedures through which public servants administrative responsibility is intended to be put in effect in Chile, substantially violates a number of the right to a Due process of Law requirements. 66Aunque algunos asimilan los principios de bilateralidad de la audiencia y de contradicción, como es el caso de Leal (1966), p. 230, se trata de máximas diferentes entre sí, aunque por cierto estrechamente vinculadas. 30. La misma norma permite ampliar por otros cinco días dicho plazo en casos calificados. Ello resulta necesario, por cuanto los principios de legalidad y tipicidad exigen que la posible sanción a imponerse se encuentre descrita de manera clara en una norma con rango de ley; además, por cuanto es a través de la determinación de la posible sanción a imponerse que se fijan las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario. 117Artículo 131, inciso final, de la Ley Nº 18.834, de 1989. Esta norma, habilita el conocimiento de las faltas previstas en la Ley Nº 27815 a través del procedimiento administrativo disciplinario de la Ley Nº 30057. (ii) El legislador ha prohibido la imputación simultánea en un mismo procedimiento administrativo de las normas que regulan el régimen disciplinario de la Ley Nº 30057 y las previstas en la Ley Nº 27815 para una misma conducta infractora. INFORME TÉCNICO N° -2020-SERVIR-GPGSC De : CYNTHIA CHEENYI SÚ LAY Gerenta de Políticas de Gestión del Servicio Civil Asunto : a) Sobre el deslinde de responsabilidades y la realización de investigaciones a . 34. 76El artículo 192, inciso primero, de la Ley Nº 18.834, de 1989 entrega al fiscal las más amplias facultades para investigar e impone a los funcionarios la obligación de prestar la colaboración que se les solicite. De este modo, aquellas exigencias del debido proceso son aplicables a los procedimientos disciplinarios e, incluso, al seguido en contra de un funcionario del Poder Judicial16. En palabras de la Asamblea de Naciones Unidas, la imparcialidad del juzgador es condición indispensable para el ejercicio de la función jurisdiccional, y exige resolver los asuntos de que conoce basándose en los hechos y en consonancia con el Derecho41. 38En este sentido, Fernández (2004), p. 114. En cuanto al derecho a la defensa letrada, el Pacto y la Convención Americana coinciden en otorgar tres derechos de libertad a toda persona acusada de delito: a ser asistido por un defensor de su confianza, a comunicarse libre y privadamente con él y, como alternativa, a defenderse por sí mismo93. Exigencias del derecho fundamental al debido proceso. [ Links ], Ley Nº 18.834, aprueba Estatuto Administrativo. Contenido del derecho fundamental a la publicidad del proceso. El asunto, según se ha anunciado, tiene una respuesta sencilla en el Derecho chileno, y de ahí su breve extensión. [ Links ], Constitución Española (1978). De hecho el Comité de Derechos Humanos se ha referido específicamente a las mismas al declarar, con acierto, que “el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial es un derecho absoluto que no puede ser objeto de excepción alguna”36. Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=3068 [Visitado el: 13 de noviembre de 2014]. Este es un portal de ayuda a quienes desean leer las nuevas normas legales del Perú. 33. 4) El derecho fundamental a la publicidad de los actos procesales se encuentra extremadamente restringido en los procedimientos administrativos disciplinarios, en un nivel que ni siquiera se advierte en la regulación procesal penal. Resolución de Sala Plena Nº 011-2020-SERVIR/TSC, mediante la cual se establecen criterios para garantizar la coherencia o correlación entre la imputación de cargos realizada en la instauración del procedimiento administrativo disciplinario y la sanción, en aras de salvaguardar el debido procedimiento y el derecho de defensa como garantía a favor de los servidores públicos. Sin embargo, no es este aspecto el que se cuestiona al procedimiento administrativo disciplinario, sino la desigualdad procesal en que se encuentra el funcionario desde las perspectivas de conocer, alegar y probar. 56La aclaración parece necesaria, debido a que algunos autores confunden el significado de ambos derechos. [Visitado el: 29 de septiembre de 2015]. El problema ha sido solucionado por la jurisprudencia judicial y, especialmente, por la administrativa. Al respecto se debe reconocer que se establecen breves plazos para el desarrollo de los procedimientos. Jurisprudencia administrativa chilena, Contraloría General de la República, dictamen 86.579, de 30 de noviembre de 2016. En segundo lugar, porque el principio pro homini exige interpretar las normas de derechos fundamentales de un modo que permita su efectivo disfrute por las personas. N° 001-2020-VIVIENDA, que creó la "Comisión Consultiva en Vivienda y Urbanismo" dependiente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento RESOLUCIÓN SUPREMA Nº 005-2020-VIVIENDA Lima, 2 de noviembre de 2020 . 10 de Enero de 2017; Aprobado: 111Navarro (2014), p. 52, con referencia al Tribunal Constitucional. Además de reconocer su relación sustancial con el derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos96, ha sostenido que la defensa técnica no se limita a la accesibilidad inicial a un medio de defensa, sino que se ha de manifestar en todos los estadios del procedimiento97. 68Corte Suprema de Estados Unidos, Caso Crawford v. Washington, apartado V, subapartado A, párrafo primero. Asimismo, el 14 de junio de 2014, quedaron derogados, de acuerdo con el literal g) de la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Reglamento General de la Ley Nº 30057, el artículo 4º y los Títulos I, II, III y IV (sanciones y procedimiento) del Reglamento de la Ley Nº 27815 – Ley del Código de Ética de la Función Pública. 140Corte de Apelaciones de Chillán, rol Nº 320-2014, protección, sentencia de 30 de octubre de 2014, considerando 10. [ Links ], Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Juan Pablo Castro Torres respecto del artículo 1° de la Ley Nº 19.989, en los autos rol Nº 6804-2009, sobre recurso de protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la Tesorería General de la República y del Administrador del Fondo de Crédito Universitario de la Universidad de Chile (2009): Tribunal Constitucional, sentencia 28 de octubre de 2010 (requerimiento de inaplicabilidad, rol Nº 1393-2009). Para asegurar esta independencia son necesarios, en palabras de la Corte Interamericana, resguardos como un adecuado proceso de nombramiento, una duración establecida en el cargo y una garantía contra presiones externas40. 12. La razonabilidad del plazo de enjuiciamiento no puede ser evaluada sino en relación con el caso concreto. En el primer caso se “favorece a los interesados en el ejercicio de los derechos subjetivos” y en el segundo se favorece “a la sociedad en la participación democrática, en cuanto a la toma de decisiones y en el control del poder público en general”112. Análisis Competencias de SERVIR 2.1 La Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR es un organismo rector que define, implementa y supervisa las políticas de personal de todo el Estado. . Por último, y según se ha expresado, se carece de asistencia letrada de incidencia en el proceso durante el sumario, precisamente cuando se genera la mayor parte de la prueba, sino sólo desde la notificación de cargos. El problema, más bien, se vincula con la legitimidad de la sanción estatal. Notarios pueden celebrar los matrimonios civiles, JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL RELEVANTE SOBRE PRISIÓN PREVENTIVA, TC: Emiten doctrina vinculante sobre prisión preventiva, Aprueban tenencia compartida como regla cuando padres estén separados. Diario Oficial de 29 de mayo de 2003. (1978). A partir de lo establecido por la Declaración Universal, por el Pacto, por la Convención Americana, y por la Constitución chilena, enriquecidos por la jurisprudencia y por la doctrina, resulta posible precisar qué derechos se incluyen en el derecho fundamental al debido proceso. [Visitado el: 5 de octubre de 2016]. No obstante, no son lo mismo. Magíster en Derecho por la misma Universidad, Chile. [ Links ], Felipe Julio Humberto Cacciuttolo Silva (2015): Corte de Apelaciones de Valparaíso, sentencia de 4 de mayo de 2015 (acción de protección). Ahora bien, y en lo que centralmente interesa a efectos del presente trabajo, corresponde decir todavía algo más sobre el alcance del derecho a la publicidad respecto de quienes forman parte del proceso. La Contraloría extiende también el derecho a la motivación a las resoluciones que se pronuncien sobre los recursos de reposición y apelación143. 46. Por ello a continuación se dirá algo más sobre ambas exigencias. [ Links ], Obando Herrera, Sandra (1999): “El sistema acusatorio y el proyecto de reforma procesal penal”, en: Revista de Derecho, Universidad de Valdivia (vol. [ Links ], Compañía Eléctrica de Litoral S.A. con Superintendencia de Electricidad y Combustibles (2010): Corte Suprema, sentencia de 20 de octubre de 2010 (apelación de recurso de reclamación. [ Links ], Fernández González, Miguel Ángel (2004): “Derecho a la Jurisdicción y debido proceso”, en: Estudios Constitucionales, Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad de Talca (vol. En el párrafo 13 se complementa aquella idea al expresar que el derecho a la igualdad procesal garantiza, entre otros aspectos, “la igualdad de medios procesales. El Tribunal Constitucional chileno ha enriquecido el contenido constitucional del derecho fundamental a la defensa letrada. Disponible en: Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r32676.pdf OBJETO La presente directiva tiene por objeto desarrollar las reglas del Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador que establece la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General. Sobre el principio de tipicidad establecido en el numeral 4 del artículo 248º del TUO de la Ley Nº 27444, es posible afirmar que es un límite concreto a la potestad sancionadora administrativa y que su alcance se extiende a todos los procedimientos sancionadores, en los que están incluidos los procedimientos especiales y disciplinarios. En ese sentido, el Comité de Derechos Humanos, interpretando el derecho al juicio público contenido en el artículo 14.1 del Pacto, ha sostenido que “la sentencia, con inclusión de las conclusiones esenciales, las pruebas clave y los fundamentos jurídicos, se deberá hacer pública”134. Disponible en: Disponible en: https://revistaderechopublico.uchile.cl/index.php/RDPU/article/view/35628 Lo expuesto, se encuentra acorde con la opinión vinculante adoptada por el Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil a través del Informe Técnico Nº 1990-2016-SERVIR/GPGSC20, en el cual se concluyó, entre otros, lo siguiente: 52. El problema aparece solucionado, al menos en principio, en la Ley Nº 19.880, de 2003, sobre Bases de los procedimientos administrativos. Con todo, conviene advertir que no resulta aplicable el decaimiento del acto administrativo, porque dicha institución se aplica a un acto terminal126, cuando han desaparecido los supuestos fácticos o jurídicos que se tuvieron en cuenta para la dictación del mismo127. Disponible en: Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/index.cfm?lang=es 6Roxin (2000), p. 79, explica que el principio del proceso justo “es una consecuencia de las decisiones valorativas fundamentales del Estado de Derecho y del Estado social” que se desprende de los artículos 1°, 20 y 28 de la Ley Fundamental alemana. En efecto, y en cuanto a la primera, las jefaturas más arriba mencionadas no cuentan con resguardos que puedan asegurar la no interferencia de terceros en la decisión del procedimiento administrativo disciplinario. El Pacto, por su parte, establece en su artículo 14.1, seguramente en la formulación más precisa de este derecho fundamental, que “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia”. De conformidad con la Resolución de Sala Plena 006-2020-SERVIR/TSC, precedente administrativo sobre la adecuada imputación de las infracciones a la Ley 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, en el marco del procedimiento administrativo disciplinario de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil. Ley 1952 de 2019 - CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO (CGD) - Ley 1952 de 2019 - Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el Derecho Disciplinario - Compilación Jurídica del Área Metropolitana del Valle de Aburrá Esta noción no es, sin embargo, del todo acertada desde el punto de vista del Derecho internacional de los derechos humanos. [ Links ], Contraloría General de la República, dictamen 24.733, de 21 de abril de 2011. 35. Esto se debe, en primer lugar, a que la interpretación que en definitiva se adopte en Chile sobre el contenido del derecho fundamental al debido proceso no puede estar por debajo de los mínimos establecidos por la Convención Americana21. 2El artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en adelante la Convención Americana, se denomina “Garantías judiciales”. 132Contraloría General de la República, dictamen Nº 10.630, de 9 de febrero de 2015, en armonía con el artículo 143 de la Ley Nº 18.834, de 1989. En definitiva, los procedimientos administrativos disciplinarios deben respetar el derecho fundamental al debido proceso por exigirlo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y expresas normas chilenas de jerarquía legal22. De un lado, se reconoce el derecho a la asistencia letrada, pero las posibilidades de intervención que se confieren al abogado restringen un efectivo ejercicio del mismo. La Contraloría General de la República mediante dictamen 13.257, de 12 de marzo de 2010, confirmó lo imperativo de esta norma al rechazar el reclamo deducido por un funcionario que alegó que la autoridad del servicio le había negado entregarle información durante la sustanciación del proceso. Por medio de la Resolución de Sala Plena Nº 011-2020-Seervir/TSC se establecen criterios para garantizar la coherencia o correlación entre la imputación de cargos realizada en la instauración del procedimiento administrativo disciplinario y la sanción, en aras de salvaguardar el debido procedimiento y el derecho de defensa como garantía . [ Links ], Benítez Ramírez, Eugenio, (2007): “Reflexiones en torno a la propuesta de reforma al procedimiento civil chileno: II. Titulo: RSP 009-2020-SERVIR/TSC Precedente administrativo sobre la tipificación de la falta regulada en el literal a) del artículo 48º de la Ley . 48Artículo 12 de la Ley Nº 19.880, de 2003. Así lo ha entendido al sostener que “el derecho a la defensa jurídica debe poder ejercerse, en plenitud, en todos y cada uno de los estadios en que se desarrolla el procedimiento, en los cuales se podrán ir consolidando situaciones jurídicas muchas veces irreversibles”98. [ Links ]. En caso una entidad considerara que su Secretario Técnico del Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) ha incurrido en alguna infracción, a efectos de instaurar un PDA en su contra, en irrestricto respeto al Principio de Tipicidad previsto en el numeral 4 del artículo 246 del TUO de la LPAG, deberá verificar que dicha conducta se . Aquel doble alcance del derecho fundamental a la publicidad ha sido expresamente reconocido por el Comité de Derechos Humanos. 3.2. 51. [Visitado el: 22 de septiembre de 2016]. [ Links ], Ley Nº 19.880, establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado. En la experiencia peruana, se ha previsto que la responsabilidad administrativa funcionarial o de los servidores públicos sea exigible en dos vías: el procedimiento administrativo disciplinario (Ley N° 30057), bajo la rectoría de la Autoridad Nacional del Servicio Civil; y, el procedimiento administrativo sancionador por responsabilidad administrativa funcional (Ley N° 29622), bajo la . En virtud de ello, el 13 de junio del año 2014, mediante Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, fue aprobado el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil vigente desde el 14 de junio de dicho año, disponiendo en su Undécima Disposición Complementaria Transitoria que, el título correspondiente al “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador” entraría en vigencia a los tres (3) meses de publicado el Reglamento, con el fin que las entidades adecúen sus procedimientos disciplinarios al nuevo régimen, esto es, a partir del 14 de septiembre de 2014. 2. No obstante, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante la Corte Interamericana, ha sostenido que resulta más preciso denominar “debido proceso” o “debido proceso legal” a ese conjunto de derechos. Para este efecto se hace un análisis de cada uno de los derechos constitutivos del debido proceso, en una doble perspectiva. Al respecto ver Rodríguez (2013). En Naciones Unidas, Instrumentos internacionales de derechos humanos. 5Quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos de América. de 2020 - ago. 32. SC) Haga clic para modificar el estilo de título del patrón. 91En efecto, el Tribunal Constitucional chileno, en la causa rol 2701-2014, mediante sentencia de 1 de septiembre de 2015, considerando décimo séptimo, entiende infringido el derecho a la defensa porque en un procedimiento ejecutivo no se otorga al ejecutado “la posibilidad de impugnar la naturaleza ejecutiva del título, la condición indubitada del mismo y el cumplimiento de los requisitos formales y sustantivos que permiten sostener un relativo equilibrio procesal en las posiciones del acreedor y del deudor, respectivamente”. [ Links ], Rodríguez Vega, Manuel (2013): “Sistema acusatorio de justicia penal y principio de obligatoriedad de la acción penal”, en Revista de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Nº XL, primer semestre de 2013), pp. Al respecto la Corte Interamericana ha declarado que “se debe tomar en cuenta cuatro elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado, c) la conducta de las autoridades judiciales, y d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso”124. Los actos 2.2. 1 de 2004): pp. 01 Step 03 02 Apoyo de todo el PAD, a cargo de un Secretario Técnico, de preferencia abogado Reporta a la ORH, así no forma parte de ella. Desafío modernizador de algunas jurisdicciones especiales”, en Navarro Beltrán, Enrique (ed.). Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; en adelante el Reglamento; la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC, "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley de Servicio . 4. Véase STC 56/2010, de 4 de octubre de 2010, fundamento jurídico 3. [ Links ], Ley Nº 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado. 43En efecto, el artículo 134 de la Ley Nº 18.334, de 1989, inciso primero, dispone que el jefe superior de la institución, el Secretario Regional Ministerial o el Director Regional de servicios nacionales descentralizados, según corresponda, “resolverá en el plazo de cinco días, dictando al efecto una resolución en la cual absolverá al inculpado o aplicará la medida disciplinaria, en su caso”. 38, Nº 2), pp. Contrataciones del Estado Comentado y Concordado 2022 . [Visitado el: 27 de septiembre de 2016]. 44Adviértase que el análisis se limita al encargado de resolver la investigación sumaria o el sumario administrativo, y no se extiende al investigador ni al fiscal, por cuanto estos últimos no resuelven el procedimiento. [Visitado el: 22 de septiembre de 2016]. El derecho fundamental a una sentencia motivada no se contempla directamente en los instrumentos internacionales a que se ha venido aludiendo, ni en la Constitución chilena. No obstante, es al mismo tiempo comprensiva de las diversas circunstancias por las que puede resultar necesario limitar el derecho fundamental la publicidad del proceso por parte de terceros ajenos al mismo. Esto no se debe, por cierto, a la regulación legal, sino a la acertada jurisprudencia emanada de la Contraloría General de la República. 2010), sin paginación. De acuerdo con lo que se viene diciendo, el trabajo pretende responder dos preguntas. Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario. Especial), pp. 19. [ Links ], Asamblea General de las Naciones Unidas (1985): Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura. Por su parte la Constitución chilena, pese a ser posterior a todos esos instrumentos internacionales, sólo menciona dos de esos requisitos: que el juez esté determinado por ley y con anterioridad al hecho que debe enjuiciar32. 49. Una regulación vulneradora del derecho fundamental al debido proceso, Disciplinary administrative procedures in Chile. Nº 1, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, en los autos rol Nº 304-2011, caratulados “Lorena Paz Pérez Ramírez con Ejército de Chile” sobre recurso de protección del que conoce la Corte de Apelaciones de Talca (2011): Tribunal Constitucional de Chile, 8 de enero de 2013 (recurso de inaplicabilidad, rol Nº 2029-2011). Por su parte, la Declaración Universal y la Constitución chilena nada expresan sobre la materia. 1. 48. El Tribunal Constitucional chileno, por su parte, de manera inexacta ha vinculado el derecho a la defensa al principio de igualdad procesal de las partes, en su vertiente de bilateralidad de la audiencia91. 73), pp. No obstante, la jurisprudencia judicial ha declarado que sancionar al funcionario por hechos acaecidos con posterioridad al inicio del respectivo procedimiento administrativo atenta contra el derecho a defensa92. Disponible en: Disponible en: http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-09501999000100006&script=sci_arttext . En efecto, sólo el funcionario inculpado tiene esta calidad, no así el investigador en el caso de la investigación sumaria ni el fiscal en el caso del sumario administrativo. Mediante este contraste se podrá evaluar la regulación ofrecida por el Derecho chileno, desde la perspectiva del respeto de los derechos que permiten configurar el proceso debido. 45Artículo 4° de la Ley Nº 19.880, de 2003. Al respecto, se ha advertido que las entidades a través de sus autoridades administrativas al momento de tipificar una falta, subsumen conductas como infracciones administrativas a la Ley Nº 27815, cuando en algunos casos éstas se encuentran previstas como faltas disciplinarias en el artículo 85º de la Ley Nº 30057 y su Reglamento General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM. Constituye una fórmula sin duda extremadamente vaga, como denuncia O´Donnell (2007), p. 383, al calificarla de “amplia y nebulosa”. El investigador es el funcionario encargado de verificar la existencia de los hechos de individualizar los responsables y su participación, si los hubiere, de formular cargos y de emitir el informe o vista en el que formulará la proposición de sanción que estime pertinente, si procede71. El procedimiento tiene por finalidad esencial la emisión de un acto administrativo al servicio . En Selección de decisiones adoptadas por el Comité de Derechos Humanos, adoptadas con arreglo al Protocolo Facultativo, volumen 4, Naciones Unidas, 2004, pp. En el tercer y último apartado se ofrecen las conclusiones, en las que se evidencia que, pese a ciertos aportes de la Ley Nº 19.880, los mencionados procedimientos administrativos disciplinarios se encuentran todavía muy lejos de las exigencias que derivan del derecho fundamental al debido proceso. Esta fundamentación epistemológica de los principios de bilateralidad de la audiencia y de contradicción es respaldada por Taruffo (2003), p. 24. Esta última afirmación es evidentemente discutible, pero su análisis excede los objetivos de la presente investigación. Por otra parte, no tiene conocimiento de las pruebas que obran en su contra hasta que concluye el sumario debido al secreto del mismo79. Derecho fundamental a ser enjuiciado en un plazo razonable, 5.1. Por último, porque a nivel constitucional y legal chilenos se ha optado por someter los procedimientos administrativos disciplinarios al derecho fundamental al debido proceso, según se ha visto en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en la regulación de la Ley Nº 18.834. Si bien la facultad de la Administración Pública para aplicar una sanción administrativa no se encuentra expresamente reconocida en la norma constitucional, el Tribunal Constitucional ha afirmado que ésta “constituye una manifestación del ejercicio de la potestad sancionatoria de la Administración y, como toda potestad en el contexto de un Estado de Derecho, se encuentra condicionada, en cuanto a su propia validez, al respeto de la Constitución, de los principios constitucionales y, en particular, a la observancia de los derechos fundamentales2”. Key words: Fundamental Rights; Due Process of Law; Public Servant’s Disciplinary Responsibility. 53-76. En el mismo sentido, Aguirrezabal (2011), p. 373, explica que “a través de la garantía de la imparcialidad, se busca que no se desdibujen en el ánimo del juez su carácter de tercero, evitando que concurra a resolver un asunto si existe la mera sospecha de que, por determinadas circunstancias, favorecerá a una de las partes, dejándose llevar por sus vínculos de parentesco, amistad, enemistad, interés en el objeto del proceso o estrechez en el trato con uno de los justiciables, sus representantes o sus abogados”. . 123Así lo sostuvo el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en la sentencia recaída en la causa rol 3066-2016, de 6 de junio de 2016, considerando 6°; y en la sentencia rol 3067-2016, de 6 de junio de 2016, considerando 6°. 22. [Visitado el: 5 de octubre de 2016]. [Visitado el: 3 de junio de 2016]. 136Así lo expresa en el considerando décimo segundo de la sentencia recaída en la causa rol 2898-2015, de 21 de julio de 2016. 139Artículo 41, inciso cuarto de la Ley Nº 19.880, de 2003. Resulta posible sostener que la Constitución chilena acoge el mismo derecho fundamental al otorgar a toda persona la igual protección en el ejercicio de sus derechos55. Este derecho fundamental tiene un doble alcance, atendiendo a quiénes son favorecidos con el mismo. DIRECTIVA Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC "RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE LA LEY N° 30057, LEY DEL SERVICIO CIVIL" 1. No obstante, no existen mecanismos jurídicos que aseguren su cumplimiento, en términos que la dilación indebida carece de consecuencias en el procedimiento mismo. Así ocurre, por ejemplo, con Pfeffer (1985), p. 372; Evans (2001), p. 182, quienes aluden a la igualdad ante la justicia, pero la explican en el sentido de igualdad de las partes. Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=2688 De este modo, resulta posible concluir que se encuentra establecido legalmente, con anterioridad a los hechos que ha de enjuiciar y que su competencia le ha sido otorgada por ley. [ Links ], 5.1. En todo caso, el Tribunal Constitucional chileno se ha encargado de completar estas exigencias al sostener que todo juzgamiento debe proceder de un órgano independiente e imparcial33. Según se expresó al inicio de este trabajo, la expresión “racional y justo procedimiento” es la fórmula elegida por la Constitución chilena para aludir al derecho al debido proceso18. 54El artículo 8.2 de la Convención Americana dispone: “Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas”. [ Links ], Corte Interamericana de Derechos Humanos (1987): Opinión consultiva OC 9/87. Así ocurrió, por ejemplo, en el caso Suárez Rosero c. Ecuador (1997), párrafo 72. Presidente del Tribunal del Servicio Civil, https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/precedente-administrativo-sobre-la-adecuada-imputacion-de-la-resolucion-no-006-2020-servirtsc-1869514-1/. La Sala Plena del Tribunal del Servicio Civil, por unanimidad, considera que las directrices contenidas en los numerales 30, 34, 48, 49 y 53, del presente Acuerdo Plenario ameritan ser declaradas como precedente de observancia obligatoria para establecer una adecuada imputación de las infracciones a la Ley Nº 27815 -Ley del Código de Ética de la Función Pública; en el marco del procedimiento administrativo disciplinario de la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil. [Visitado el: 15 de agosto de 2015]. [ Links ], Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Mémoli c. Argentina (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), sentencia de 22 de agosto de 2013. 26. 4Artículo 24.2 de la Constitución española. Así, por ejemplo, la Declaración Universal y el Pacto enfatizan la igualdad de toda persona ante los tribunales53, mientras la Convención Americana pone el acento en la igualdad en el proceso penal54. [ Links ], Corte Suprema de Estados Unidos (2004): Crawford v. Washington, sentencia de 8 de marzo de 2004, Nº 02-9410 (2004), 541 U.S. 36). . Sin perjuicio de lo recién indicado, conviene advertir que el funcionario inculpado carece de importantes derechos asociados al derecho fundamental a la defensa. Pero además, dicho autor resalta que “el mandato de tipificación, que este principio conlleva, no solo se impone al legislador cuando redacta el ilícito, sino a la autoridad cuando realiza la subsunción de una conducta en los tipos legales existentes” 9. 4. 31La Corte Interamericana en el caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú, sentencia de 25 de noviembre de 2004, párrafo 143, implícitamente se refiere en los siguientes términos a las exigencias de un juzgador equitativo: “El derecho a ser juzgado por tribunales de justicia ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente previstos constituye un principio básico del debido proceso”. INFORME TECNICO N° -2020-SERVIR-GPGSC De : CYNTHIA CHEENYI SÚ LAY Gerenta de Políticas de Gestión del Servicio Civil Asunto : Autoridades del procedimiento administrativo disciplinario instaurado contra el Jefe de la Oficina Recursos Humanos de una entidad. En ese sentido, se afirma que el principio de legalidad consiste en “la exigencia de que tanto los comportamientos prohibidos, o preceptuados, como las sanciones a imponer, sean descritos clara o inequívocamente, de forma que no se genere inseguridad jurídica”5 y, por ende, que sea posible prever las consecuencias sancionadoras derivadas de una determinada conducta. 3. Al respecto ver dictamen Nº 86.579, de 30 de noviembre de 2016, que reitera jurisprudencia administrativa en el mismo sentido. La Corte Suprema de Estados Unidos, por su parte, ha establecido que la prueba debe producirse bajo contradicción. [Visitado el: 11 de julio de 2016]. El reinicio de los plazos de los procedimientos administrativos en el ámbito del Derecho Administrativo durante el periodo de emergencia nacional por el brote del COVID-19 Comité de Derechos Humanos (2007) Observación General Nº 32, párrafo 29. En efecto, y siguiendo la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, inicialmente consideraba sólo los tres primeros elementos mencionados en el texto principal. 71Artículo 120, inciso primero, tercero y cuarto, de la Ley Nº 18.834, de 1989. § Sobre las sanciones por la comisión de infracciones a la Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y la aplicación del régimen disciplinario de la Ley Nº 30057. En efecto, tal jurisprudencia no se opone a lo señalado porque las pruebas se han producido durante la etapa de investigación, sin presencia del funcionario inculpado ni de su abogado defensor. •1651-2020-SERVIR-GPGSC. 81Al respecto resulta interesante transcribir lo que en este sentido se objetaba ya en el mensaje del Código de Procedimiento Penal de Chile de 1894: “Todos los argumentos aducidos en contra de este sistema pueden resumirse en uno solo. Correo electrónico: ivandiaz@uct.cl. 73Obando (1999), p. 1, explica que la característica básica del sistema acusatorio es la división de funciones de acusar, defensa y fallo en órganos diferentes e independientes entre sí. 100Contraloría General de la República mediante dictamen 13.257, de 12 de marzo de 2010. En efecto, el principio de publicidad del proceso puede referirse a quienes forman parte del proceso, de un lado, y puede referirse a terceros ajenos al mismo, de otro lado. El Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, estableció, en el artículo 9, la estructura orgánica básica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo determinando sus órganos superiores y directivos hasta el nivel de dirección general, a tenor de lo previsto en el artículo 59.1 de la Ley 40/2015 . EXPOSICIÓN DE MOTIVOS I Los presupuestos requieren para su completa. Esto significa que todas las partes en un proceso gozarán de los mismos derechos en materia de procedimiento”. No obstante, respecto del funcionario afectado el secreto se ampara en el éxito de la investigación. 6.2. Lo que, siguiendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante la Corte Interamericana, se denomina derecho fundamental al debido proceso2 puede ser definido como el conjunto de derechos que tienen por finalidad asegurar que las pretensiones de las partes sean adecuadamente consideradas por el órgano llamado a tomar una decisión sobre las mismas. [ Links ], Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Empresas Ariztía S.A. respecto del artículo 29 del D.L. Ninguna de estas tres limitaciones, que intentan equilibrar el éxito de la investigación con el derecho a la publicidad del proceso para el afectado, encuentran acogida en el ámbito administrativo disciplinario. 99-137. En esa medida, el principio de legalidad no solo exige que la falta esté establecida en una norma legal, sino que la misma describa claramente cuál es la conducta que se considera como tal (Lex certa), lo que se conoce como el mandato de determinación. Al respecto ha precisado que “la motivación y fundamentación de las sentencias es connatural a la jurisdicción” y que su omisión vulnera el derecho fundamental al racional y justo procedimiento136. . 2Abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile. Fecha: Número: Sumario: 08/08/2020: Resolución de Sala Plena 011-2020-SERVIR-TSC: Sobre la coherencia o correlación entre la imputación realizada en la instauración del procedimiento administrativo disciplinario y la sanción como garantía del derecho de defensa de los servidores públicos dentro del citado procedimiento. 15Tribunal Constitucional, rol 1393-2009, sentencia de 28 de octubre de 2010, considerando séptimo. . [ Links ], Bordalí Salamanca, Andrés (2009): “El derecho fundamental a un tribunal independiente e imparcial en el ordenamiento jurídico chileno”, en: Revista de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Nº XXXIII, segundo semestre de 2009), pp. Si bien a través del procedimiento administrativo disciplinario de Ley del Servicio Civil se reconoce como faltas a las infracciones administrativas de la Ley Nº 27815, esta aplicación es de carácter residual, es decir, en tanto la Ley Nº 30057 no contenga expresamente el supuesto de la falta que se pretenda imputar. [Visitado el: 28 de septiembre de 2016]. 57Díaz (2012), p. 65, precisa que el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley consiste en que “el juzgador utilice las mismas disposiciones, las interprete del mismo modo y adopte una misma decisión respecto de casos que coinciden en la totalidad de sus aspectos fácticos jurídicamente relevantes y utilice diversas disposiciones respecto de los casos que divergen en uno o más de sus aspectos fácticos jurídicamente relevantes”. Disponible en: Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_192_esp.doc En efecto, se trata de autoridades que carecen de un adecuado proceso de nombramiento, de una duración establecida en el cargo y de una garantía contra presiones externas. 138Es en este sentido que García y Contreras (2013), p. 269, afirman que la “motivación debe ser razonable, no necesariamente exhaustiva a toda la solicitud”. Corresponde preguntarse a quiénes se aplica este derecho fundamental a la igualdad de medios procesales, es decir, quiénes son las partes. Mediante Informe 598-2021-SERVIR, esta institución del Estado ratificó los alcances de posiciones anteriores, en lo que respecta al cómputo del plazo de prescripción del procedimiento disciplinario. A partir de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional chileno y de las normas legales del país, resulta posible sostener una respuesta afirmativa. [Visitado el: 27 de mayo de 2016]. 11. [ Links ], Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Metalúrgica Vergara Hermanos Limitada . Diario Oficial, 23 de septiembre de 1989. [ Links ], Taruffo, Michelle (2003): “Algunas consideraciones sobre la relación entre prueba y verdad”, en: Edición digital a partir de Discusiones: Prueba y conocimiento (2003, Nº 3), pp. 16Tribunal Constitucional, rol 783-2007, sentencia de 31 de agosto de 2007, considerando décimo primero. La Constitución chilena, según se ha dicho, regula este derecho al establecer, en esencia, que toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale95. 130Contraloría General de la República, dictamen Nº 4571, de 16 de enero de 2015. En efecto, seguramente resultaría muy difícil cuestionar su aplicación si constituye el resultado de un debido proceso. [Visitado el: 29 de junio de 2016]. Aprobación: 20 Mayo 2020. Disponible en: Disponible en: http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiDm-3Q1IzNAhXJdj4KHVn0BVMQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FDocuments%2FPublications%2FSDecisionsVol4sp.pdf&usg=AFQjCNENS4R2vaimcy-8Nov7qRqO2P2FCA En concreto, y para el ámbito no penal, los derechos incluidos en el derecho fundamental al debido proceso son los siguientes: (1) derecho al juzgador equitativo, (2) derecho a la igualdad procesal de las partes, (3) derecho a la defensa, (4) derecho a la publicidad de los actos procesales, (5) derecho a ser juzgado en un plazo razonable, y (6) derecho a una sentencia motivada24. 29. . 31. 41Asamblea General de las Naciones Unidas (1985), números 7 y 2. La reserva resulta todavía más grave si se considera que el fiscal puede decretar la suspensión provisional del cargo al funcionario investigado, sin que este conozca los antecedentes que justifican esa medida provisoria119. ABOGADO.PE es un Portal Jurídico de carácter académico y científico, teniendo por objeto la difusión, investigación, capacitación y defensa de los derechos en el contexto de Iberoamérica.. 38. La Contraloría ha justificado el secreto del sumario al afirmar que, si bien “tiene como uno de sus sustentos básicos el asegurar el éxito de la investigación y el resguardo del debido proceso, como se expresa en el referido oficio Nº 0639, del presente año, tal privacidad también posee como uno de sus fundamentos esenciales el resguardar la honra y el respeto a la vida pública de los funcionarios que, eventualmente, podrían tener comprometida su responsabilidad en los hechos que se investigan, toda vez que las conclusiones a que se llegue en dicho proceso sólo quedan a firme una vez que éste se encuentre totalmente tramitado”. [ Links ], Ferrada Bórquez, Juan Carlos (2007): “Los principios estructurales del Derecho administrativo chileno: un estudio comparativo”, en: Revista de Derecho, Universidad de Concepción, Nº 221-222, año LXXV (enero-diciembre 2007), pp. En ese sentido, el TUO de la Ley Nº 27444, no solo es una norma legal que regula el procedimiento administrativo en general, sino que su observancia y aplicación por las entidades y sus órganos constituyen un límite para la potestad sancionadora del Estado, estableciendo en el Artículo IV de su Título Preliminar, los principios administrativos que son aplicables a los procedimientos administrativos en general; y, en su artículo 248º, los principios que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora de las entidades públicas. De otro lado, el derecho a la asistencia letrada87. 42Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, caso Karttunen c. Finlandia (1992), párrafo 7.2. 21. El derecho fundamental a la igualdad de medios procesales consiste en que los distintos sujetos del proceso, esto es, quien solicita una decisión jurisdiccional y aquel contra o frente al cual tal decisión se solicita, reciban un trato equivalente en el desarrollo de sus pretensiones y deberes durante el transcurso del juicio, de modo tal que ambos dispongan de posibilidades equivalentes para sostener y fundamentar lo que cada cual estime que le conviene60. CURSO LEY 30057 - MODULO I: Se ofrece un curso por encargo de la FENUTSA sobre el derecho individual de trabajo de la Ley 30057, donde se analizaran los principios del servicio civil, la clasificación de los servidores civiles, derecho y obligaciones, compensaciones, suspensión y término del servicios civil, y procedimiento administrativo disciplinario (AUTOR: JOSÉ MARÍA PACORI CARI) [Visitado el: 19 de junio de 2017]. Las condiciones establecidas en el presente convenio forman un todo orgánico e indivisible y como tal han de ser consideradas a efectos de aplicación práctica, por tanto absorberán y compensarán en su conjunto las gratificaciones voluntarias, pactos individuales, colectivos o de cualquier índole que tengan establecidas las empresas, así como las . El fiscal, a su turno, es el funcionario encargado de investigar el hecho y la participación, de formular los cargos y de emitir un dictamen en el que propondrá la sanción aplicable, si procede72. [Visitado el: 29 de septiembre de 2016]. . . 125Expresa el Comité de Derechos Humanos (2007), Observación General Nº 32, párrafo 35: “Lo que es razonable deberá evaluarse en las circunstancias de cada caso, teniendo en cuenta principalmente la complejidad del caso, la conducta del acusado y la manera como las autoridades administrativas y judiciales hayan abordado el asunto”. 44. Para quienes se encuentren estudiando la licienciatura en derecho o ejercen la profesión, es . [ Links ], Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Mariano Saavedra Mora y Asesorías e Inversiones Mass Ltda. 1. El derecho fundamental al juez natural25 es también denominado derecho al juez predeterminado por ley26. Comprar . 46, Nº 136, enero-abril de 2013), pp. Tal justificación no parece admisible, si se tiene en cuenta que incluso en el ámbito penal la reserva tiene una duración limitada respecto del imputado, debe extenderse a piezas determinadas y puede siempre ser objeto de control judicial118. El principio de tipicidad -que constituye una manifestación del principio de legalidad- exige que las conductas consideradas como faltas estén definidas con un nivel de precisión suficiente, de manera que el destinatario de las mismas pueda comprender sin dificultad o estar en condiciones de conocer y predecir las consecuencias de sus actos; ello a partir de la previsión clara de la conducta proscrita y de la sanción aplicable7.

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